Del 29 de noviembre al 2 de diciembre, más de mil representantes de más de cien países, de movimientos de base, organizaciones de defensa, derechos humanos y desarrollo, movimientos feministas, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, se reunieron en Santiago, Chile, y virtualmente, para discutir el papel crítico de los servicios públicos para nuestro futuro.
Estamos en una coyuntura crítica. En un momento en que el mundo enfrenta una serie de crisis, desde la emergencia ambiental hasta el hambre y la profundización de las desigualdades, el aumento de los conflictos armados, las pandemias, el aumento del extremismo y la escalada de la inflación, está creciendo una respuesta colectiva. Se está gestando un gran movimiento y están surgiendo soluciones concretas para contrarrestar el paradigma dominante de crecimiento, privatización y mercantilización.
Cientos de organizaciones de los sectores de justicia socioeconómica y servicios públicos, desde educación y servicios de salud hasta atención, energía, alimentación, vivienda, agua, transporte y protección social, se están uniendo para abordar los efectos nocivos de la comercialización de servicios públicos, para recuperar control público democrático y reimaginar una economía verdaderamente igualitaria y orientada a los derechos humanos que funcione para las personas y el planeta. Exigimos acceso universal a servicios públicos de calidad, transformadores de género y equitativos como base de una sociedad justa y equitativa.
El marco político común de la colonialidad nos ayuda a reconocer las estructuras y mentalidades que históricamente han construido y continúan impulsando la desigualdad económica, la injusticia y la austeridad, que han dejado a los servicios públicos crónicamente subfinanciados durante décadas. La economía neoliberal, magnificada por el patrón actual de hiperglobalización, se define por la perpetuación de la extracción, el control, la dependencia, la subyugación, el patriarcado y la actual división global del trabajo, lo que impacta desproporcionadamente al Sur Global.
La comercialización y privatización de los servicios públicos y la mercantilización de todos los aspectos de la vida han impulsado desigualdades crecientes y arraigadas disparidades de poder, dando preeminencia a las ganancias y la corrupción sobre los derechos de las personas y el bienestar ecológico y social. Afecta negativamente a los trabajadores, los usuarios de servicios y las comunidades, y los costos y daños recaen desproporcionadamente sobre quienes históricamente han sido explotados.
La devaluación del estatus social de los trabajadores de los servicios públicos, el empeoramiento de sus condiciones laborales y los ataques contra sus sindicatos son algunas de las regresiones más preocupantes de nuestros tiempos y una amenaza a nuestros espacios colectivos. Esto está profundamente vinculado con la organización patriarcal de la sociedad, donde las mujeres como trabajadoras y cuidadoras están infravaloradas y absorben las crisis sociales y económicas. Son los primeros en sufrir los recortes del sector público, perder el acceso a servicios y oportunidades de trabajo decente y enfrentar una carga cada vez mayor de trabajo de cuidados no remunerado.
Los recortes de austeridad en los presupuestos del sector público y en los gastos salariales están impulsados por una mentalidad ideológica arraigada en el Fondo Monetario Internacional y muchos Ministerios de Finanzas que sirven a los intereses de las corporaciones por encima de las personas, perpetuando dependencias y deudas insostenibles. Las normas fiscales injustas, a nivel nacional e internacional, permiten enormes desigualdades en la acumulación y concentración de ingresos, riqueza y poder dentro y entre los países. La financiarización de una amplia gama de acciones y decisiones públicas entrega el poder a los accionistas y socava la democracia.
Nuestro futuro es público
Nos comprometemos a seguir construyendo un movimiento interseccional por un Futuro que sea Público. Uno en el que nuestros derechos estén garantizados, no en función de nuestra capacidad de pago o de si un sistema produce ganancias, sino de si nos permite a todos vivir bien juntos en paz e igualdad: nuestro buen vivir.
Un futuro público es aquel en el que ni las mujeres, ni los pueblos indígenas, ni las personas con discapacidad, ni la clase trabajadora ni los migrantes, ni las minorías racializadas, étnicas o sexuales, soportan una carga injusta y desigual en nuestras sociedades. Es un futuro en el que el continuo legado del colonialismo se rompa mediante reparaciones significativas, la cancelación de la deuda y una revisión completa de nuestro sistema económico global, incluso mediante la reducción del uso de materiales y energía por parte de las economías ricas.
A quién pertenecen nuestros recursos y nuestros servicios es fundamental. Un futuro público significa garantizar que todo lo esencial para una vida digna esté fuera del control privado y bajo formas descoloniales de control colectivo, transparente y democrático. En algunos contextos, esto significa intervenciones decisivas a nivel local, regional y/o nacional por parte del Estado. En otros contextos, esto significa fortalecer las organizaciones populares, incluidos los sindicatos, y ampliar los espacios de autogobierno, bienes comunes y control colectivo y comunitario de los recursos. Valoramos las alianzas público-público o público-común, pero nos resistimos a las alianzas público-privadas que sólo sirven para extraer recursos del público para intereses privados.
Un futuro que sea público también significa crear las condiciones para permitir sistemas de producción alternativos, incluida la priorización de la agroecología como un componente esencial de la soberanía alimentaria. Con ese fin, necesitamos recuperar el control de los procesos de toma de decisiones y las instituciones de las formas actuales de captura corporativa para poder decidir para qué, para quién y cómo proporcionamos, gestionamos y poseemos colectivamente recursos y servicios públicos.