En Bruselas, todo está listo para una decisión que podría definir el rumbo de la política de Ursula von der Leyen hacia China.

Los 27 países de la Unión Europea se preparan para votar sobre una propuesta que impondría aranceles adicionales a las importaciones de vehículos eléctricos (VE) fabricados en China. Esta votación, programada para la mañana del viernes, enfrentará a las capitales de la UE: Budapest se opone con firmeza, París y Roma apoyan la medida, Madrid aún no ha decidido, y Berlín está recuperándose de una campaña fallida en contra.

La votación de los expertos comerciales representa el punto culminante de una investigación de varios meses, anunciada por von der Leyen en septiembre del año pasado.

“Los mercados globales están inundados de coches eléctricos chinos más baratos. Y su precio está artificialmente bajo gracias a enormes subsidios estatales. Esto distorsiona nuestro mercado”, explicó la presidenta de la Comisión a los eurodiputados en Estrasburgo.

“No aceptamos esto desde adentro, ni lo aceptamos desde afuera.”

La investigación comenzó poco después de ese discurso y llevó a funcionarios de la UE a visitar más de 100 fábricas automotrices en China. Tres empresas destacadas – BYD, Geely y SAIC – fueron elegidas como representantes de la industria de los VE y se les pidió que completaran un extenso cuestionario sobre sus operaciones comerciales y su relación con el gobierno chino, que también participó en la investigación.

Al final, los hallazgos fueron contundentes: durante años, Pekín había inyectado enormes sumas de dinero público en su sector de VE, abarcando “toda la cadena de suministro”, como lo describieron los funcionarios. Se detectaron subsidios desde la extracción de materias primas hasta el envío de los productos terminados, creando un entorno en el que préstamos preferenciales, reducciones de impuestos, subvenciones directas, “bonos verdes” y beneficios al consumidor (que supuestamente nunca llegaron a los compradores) trabajaban en conjunto para beneficiar a los fabricantes de automóviles.

Como resultado de esta situación, la Comisión concluyó que las empresas europeas corrían el riesgo de ser expulsadas del lucrativo mercado de VE, lo que podría causar pérdidas insostenibles y consecuencias dolorosas para los 2.5 millones de empleos directos y 10.3 millones de empleos indirectos en el bloque.

Este sombrío panorama llevó a Bruselas a proponer aranceles adicionales para contrarrestar los efectos dañinos de los subsidios y cerrar la brecha de precios entre China y la UE. Los aranceles propuestos, que se sumarán a la tarifa actual del 10%, varían según la marca y su nivel de cooperación con la investigación de la Comisión, incluidos Tesla (7.8%), BYD (17%), Geely (18.8%) y SAIC (35.3%).

La votación del viernes determinará si los estados miembros aprueban un texto legal que aplicaría estos aranceles adicionales durante los próximos cinco años. Se requerirá una mayoría cualificada: al menos 15 países que representen el 65% de la población del bloque deberán votar a favor para aprobar la propuesta. El mismo umbral será necesario para rechazarla, lo que activaría un proceso de apelación y una segunda votación en una etapa posterior.

Sin embargo, existe una tercera posibilidad, cada vez más probable: que algunos países se abstengan, lo que impediría alcanzar el número necesario para un resultado positivo o negativo. En ese caso, la Comisión, invocando sus poderes exclusivos en materia comercial, podría romper el estancamiento y decidir si procede con los aranceles.

En cualquier caso, la decisión final deberá tomarse antes del 30 de octubre, la fecha límite legal establecida por la investigación antisubsidios.

Referéndum sobre von der Leyen

Los riesgos no podrían ser mayores para la Comisión y, en particular, para su presidenta, quien ha sido clave en un cambio importante en la forma en que la UE percibe a China. Von der Leyen ha puesto fin a la complacencia política que ha caracterizado las relaciones bilaterales desde que Pekín se unió a la OMC en 2001.

La presidenta ha descrito a China como una nación “más represiva en casa y más asertiva en el extranjero”, decidida a lograr un “cambio sistémico en el orden internacional” con Pekín en el centro. En su opinión, las prácticas comerciales desleales, como la inyección masiva de subsidios industriales para conquistar cuotas de mercado y controlar tecnologías emergentes, son otra herramienta para asegurar que el Partido Comunista cumpla su misión a largo plazo.

Esta visión firme, encapsulada en un discurso histórico de marzo de 2023, fue lo que impulsó una serie de investigaciones sobre productos y subsidios chinos. Entre ellas, la investigación sobre los VE se destacó por sus implicaciones políticas y económicas, sin mencionar su potencial para desencadenar una guerra comercial.