La Comisión Europea ha llevado a Hungría ante los tribunales debido a una ley muy controvertida que Budapest considera necesaria para proteger la “soberanía nacional”, pero que las ONG han denunciado como una herramienta peligrosa para atacar y silenciar voces de la oposición.

La demanda, anunciada el jueves por la tarde, es el siguiente paso en el proceso legal que la Comisión inició en febrero. Esta acción es una respuesta a las respuestas “insatisfactorias” que ha proporcionado Budapest.

La decisión transfiere efectivamente el asunto de Bruselas a Luxemburgo, donde se encuentra el tribunal superior de la UE. Curiosamente, el Ejecutivo no ha pedido a los jueces que impongan medidas provisionales, como la suspensión temporal de la ley, algo que algunas organizaciones civiles habían solicitado. Se espera un fallo en los próximos años.

“Tras evaluar cuidadosamente la respuesta de las autoridades húngaras, la Comisión mantiene la mayoría de los problemas identificados, que aún no han sido abordados”, dijo la Comisión el jueves.

La ley, aprobada en diciembre gracias al apoyo del partido gobernante de Viktor Orbán, establece la llamada Oficina de Protección de la Soberanía (SPO), que investiga a personas y organizaciones sospechosas de socavar la “soberanía nacional” y la “identidad constitucional” del país.

La SPO puede recopilar información sobre individuos o grupos que reciben fondos del extranjero y que se perciben como influyentes en el debate democrático y en los procesos electorales “en interés de otro estado” o “órgano extranjero”. Los servicios secretos de Hungría están obligados a ayudar a la oficina, la cual tiene acceso a documentos clasificados.

Una vez que la investigación concluye, la SPO publica sus resultados. La ley no prevé medidas correctivas para impugnar sus conclusiones.

Orbán, que a menudo critica a sus detractores como agentes pagados por Occidente, afirma que la ley es necesaria para proteger a Hungría de la interferencia política indebida.

Sin embargo, el amplio mandato de la ley, sus definiciones vagas y la falta de supervisión judicial han suscitado serias preocupaciones entre la sociedad civil y los periodistas independientes, quienes temen ser señalados injustamente por no seguir la línea política de Orbán y quedar indefensos para desafiar las conclusiones públicas de la SPO.

Transparencia Internacional Hungría y Átlátszó, una organización de investigación sin fines de lucro financiada con donaciones internacionales, ya han sido objetivo de la oficina.

La Comisión compartió estas preocupaciones cuando lanzó la acción legal en febrero, afirmando que la ley viola una amplia gama de valores fundamentales y garantías legales, como el principio de democracia, el derecho a la vida privada, la protección de datos personales, la libertad de expresión, información y asociación, y la presunción de inocencia, entre otros.

Estados Unidos también ha censurado esta ley “draconiana”, señalando que “el intento del gobierno húngaro de acosar, intimidar y castigar a las organizaciones independientes va en contra de los principios de gobernanza democrática basada en el estado de derecho”.

Otras críticas han sido expresadas por el Parlamento Europeo, la Comisión de Venecia, Amnistía Internacional y el Comité de Helsinki de Hungría, así como por decenas de organizaciones de la sociedad civil y medios independientes.

Este último desarrollo llega en un momento de tensión extrema en el enfrentamiento de una década entre Bruselas y Budapest. En las últimas semanas, Hungría ha sido criticada por negarse a pagar una multa de 200 millones de euros, amenazar con enviar migrantes a Bélgica y facilitar permisos de trabajo para ciudadanos rusos y bielorrusos.

Orbán tiene previsto dirigirse al Parlamento Europeo la próxima semana como parte de la presidencia de Hungría del Consejo de la UE durante seis meses, que está siendo boicoteada en respuesta a la reunión del primer ministro con Vladímir Putin en julio.